LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL ADMINISTRADOR: RECUERDE SER CUIDADOSO Y METICULOSO EN LA EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DEUDA DE UN INMUEBLE SOMETIDO AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

El administrador de propiedad horizontal, tiene como función principal ser el representante legal de la propiedad horizontal, tarea que exige no solo ejecutar su labor con la mayor responsabilidad sino también con suma diligencia y cuidado.

imposisicionDentro de las funciones legales que tiene el administrador de propiedad horizontal el artículo 51 en el numeral 8 se encuentra “Cobrar y recaudar, directamente o a través de apoderados cuotas ordinarias y extraordinarias, multas y en general, cualquier obligación de carácter pecuniario a cargo de propietarios u ocupantes de bines de dominio particular del edificio o conjunto, iniciando oportunamente el cobro judicial de las mismas, sin necesidad de autorización alguna”

Con el objeto de facilitar esta tarea encomendada por el artículo 51, la misma norma contempla una facultad muy especial que le otorga al administrador en el artículo 48, indicando lo siguiente:

Solo podrá exigirse por el juez competente como anejos a la respectiva demanda el poder debidamente otorgado(a un abogado en ejercicio) el certificado sobre existencia y representación de la persona jurídica demandante y demandada en caso de que el deudor ostente esta calidad, el título ejecutivo contentivo de la obligación que será solamente el certificado expedido por el administrador sin ningún requisito ni procedimiento adicional.

propiedadEsta facultad, que se le otorga al administrador es una tarea que debe ejercerse atendiendo al principio de la buena fe, ya que es el administrador quien puede determinar cual es la deuda que tiene el inmueble objeto de la posible demanda ejecutiva, por cuanto no solo es el responsable de emitir el certificado que opera como título ejecutivo para el cobro judicial de lo adeudado, sino también quien dentro de sus funciones legales tiene la de llevar bajo su dependencia y responsabilidad, la contabilidad del edificio o conjunto.

Por tal razón, esta tarea tan delicada de no llevarse de forma debida (incluir valores inexistentes, o que ya se hubiesen cancelado, o multas o cuotas extraordinarias que no tengan soporte legal) puede derivar en la comisión de tipos penales tales como:

  • Falsedad ideologica en documento privado.
  • Fraude procesal

Conductas penales que pueden generar penas privativas de la libertad, como aconteció con el administrador del “edificio Moanack Propiedad Horizontal”, quien al expedir un certificado de deuda que no se ajustaba a la realidad fue condenado en el año 2017 a pena privativa de la libertad de 6 años y multa por un valor de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. (lea la sentencia SU004/18 aquí)

obligacionPara evitar este tipo de situaciones, como administrador, antes de emitir un certificado de deuda usted deberá:

  • Verificar la existencia de la deuda en la contabilidad, es recomendable que si tiene saldos por identificar notifique a los propietarios con antelación con el proposito que adjunten posibles pagos no conciliados.
  • Si el cobro es una multa o sanción recuerde que este debe estar debidamente soportado por acta que imponga tal sanción emitida por el consejo de administración o por la asamblea conforme a lo que indique el reglamento de propiedad horizontal (los administradores NO tienen la potestad de imponer sanciones)
  • Si el cobro es una cuota extraordinaria, recuerde que la misma debe encontrarse dentro del Acta de asamblea en la cual se aprobó, ya que es la único organo de administración que tiene la facultad de imponer estas cargas pecuniarias.

Recuerde siempre la enorme responsabilidad que usted tiene como administrador de una propiedad horizontal, y realice su labor con amor, disciplina, pasión y buena fe.

Un abrazo fraterno.

Diana Carolina Ruiz Muñoz.

Directora Corporación P.H.

¿Puedo dejar de pagar las expensas comunes cuando no estoy de acuerdo con la administración?

El portal de Corporación P.H. ha sido utilizado por distintos usuarios para buscar la resolución de inquietudes en torno al régimen de propiedad horizontal, hoy queremos compartir una consulta, que consideramos puede ser de ayuda para otros lectores de nuestro blog. a continuación la consulta y la respuesta dada por nuestra entidad,

Buenos dias

Dra Diana Carolina
gracias por tener este espacio y esta empresa en bien de las coopropiedades.

cordial y atento saludo

no se si es posible que usted me ayude a despejar estas dudas que tengo con relación a la coopropiedad donde vivo con mi familia desde hace 7 años en la ciudad de cali y cuyo estrato social es 5 casas puramente para vivienda según el pot de la ciudad:

1. el consejo y administracion de 2017, hizo aprobar por asamblea que aquellos propietarios que tuviesen negocios dentro de la unidad (venta de carros, materiales de construcción, spa, etc) podían funcionar, atendiendo publico que entra y sale de la unidad todos los días y a cualquier hora, solo que ellos los comerciantes debían tener una póliza contra robos en la comunidad, así no mas y sin especificar ni como ni cuando.  dra es esto posible??

2. la sra administradora, que ademas es propietaria, trabaja en una empresa particular y se ha tomado la administración con la venia del consejo,  sin especificar un horario ni sitio donde poder atender a los residentes. como es lógico casi nunca esta, no tiene un horario establecido y casi siempre hay que estarle diciendo lo que hay que hacer en zonas comunes, por su falta de tiempo, ademas de su poco conocimiento sobre la ley  de propiedad horizontal 675 de 2001.

3. a raíz de todos estos problemas con la sra y con el consejo, el cual esta integrado por un juez y otras personas mas yo he venido teniendo algunas diferencias que no hemos podido sanjar sobre todo por el tema de las ventas al interior de la unidad.
puedo yo en calidad de protesta, dejar de pagar la cuota de administración ( consignando en otra cuenta a nombre de la coopropiedad) hasta tanto el consejo resuelva los problemas de las ventas, zonas comunes y demás que en este momento nos distancian.???

muchas gracias dra por su amable respuesta y orientación que nos pueda ofrecer.

 

Señor:

Juan Perez (nombre ficticio, para proteger la identidad del consultante)

Cali.

Ref. Destinación de bienes inmuebles.

Reciba un cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito dar respuesta sobre os interrogantes planteados a través de nuestra pagina web.

Para mejor comprensión el presente concepto se ha dividido en 3 partes a fin de dar orden a las consultas planteadas.

1.DESTINACIÓN DE LAS UNIDADES PRIVADAS.

El artículo 5 de la ley 675 de 2001 señala que el reglamento de la copropiedad debe indicar  lo siguiente:

  1. La destinación de los bienes de dominio particular que conforman el edificio o conjunto, la cual deberá ajustarse a las normas urbanísticas vigentes.

Si de acuerdo con el Plan de Ordenamiento territorial de Cali, el lugar en el cual se encuentran las viviendas tiene un uso de suelo restringido, es decir solo para uso residencial, los establecimientos comerciales que usted menciona se encuentran fuera de la ley, en este caso de las directrices contenidas en la Ley 1801 de 2016.

Esta solicitud del concepto de usos de suelos es obligatorio para todo establecimiento abierto al público, sin importar su destinación y la calidad de persona natural o jurídica del propietario del establecimiento como tal.

Asi las cosas, el permiso dado por la asamblea general de copropietarios es un evidente cambio del reglamento de propiedad horizontal al permitir que las unidades privadas puedan destinarse para actividades mercantiles, razón por la cual se hará necesario el cambio del reglamento de la copropiedad lo cual genera cargas adicionales tales como: Obligatoriedad del revisor fiscal, elementos de índole tributaria, entre otros, por tal motivo, la decisión debió tomarse de acuerdo con las reglas de la mayoría calificada en la toma de decisiones, sin embargo, usted no podrá a esta altura impugnar el acta en la cual se tomó la decisión por cuanto este procedimiento solo se podrá realizar dentro de los dos meses siguientes contados a partir de la realización de la asamblea.

En estos eventos y si los mecanismos alternativos de solución de conflictos no son efectivos usted podrá acudir a un juez de la República para que dirima la controversia, además podrá presentar su queja ante las entidades de la alcaldía municipal competentes sobre el incumplimiento de los requerimientos de uso de suelos de los establecimientos que usted menciona.

2. EL HORARIO DE LA ADMINISTRACIÓN

Si el reglamento de la copropiedad no indica nada contrario, es el consejo de administración el encargado por mandato legal de nombrar al administrador de la copropiedad, son ellos los encargados de realizar la contratación y podrán escoger lo que según su criterio se ajuste a las necesidades de la copropiedad, es decir, podrán elegir un contrato laboral o de prestación de servicios. Asi las cosas, deberá solicitar en calidad de propietario copia del contrato realizado con la administradora a fin de verificar si tiene estipulada la obligación de cumplir horario (contrato laboral) o si por el contrario ella misma es libre de determinar el tiempo que dedica al cumplimiento de sus funciones (contrato de prestación de servicios).

3. PAGO DE EXPENSAS COMUNES

No es recomendable dejar de cancelar las expensas comunes a la copropiedad por cuanto las mismas son de carácter obligatorio, ya que con estas es posible la prestación de servicios comunes esenciales requeridos para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes de la copropiedad, Asi las cosas, sus diferencias actuales con la administradora o el consejo de administración no tienen nada que ver con los servicios tales como aseo de áreas comunes, vigilancia y seguridad, pago de servicios públicos de las áreas comunes entre otros. De acuerdo con los hechos narrados por usted, en el caso en cuestión no aplicaría el pago por consignación, y de querer hacer el pago de esta forma usted deberá concientizarse que este es un proceso donde un juez es la persona idónea para autorizar la consignación y designar a la persona a quien debe realizarle la consignación debida.

En los anteriores términos se absuelve la consulta indicando que para hacerlo, este entidad se ciñó a la información presentada por el consultante y los efectos de este  escrito son los previstos en la ley 1755 de 2015 los conceptos emitidos por esta  entidad sin ánimo de lucro como respuestas a peticiones realizados en el ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.

Atentamente

Diana Carolina Ruiz Muñoz

Directora jurídica Corporación P.H:

 

EL PAGO DE EXPENSAS COMUNES A LA ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL

La presente entrada fue escrita a raíz de la pregunta realizada la semana pasada por un lector de nuestro blog, en su mensaje el lector nos consultaba lo siguiente:

Buen día:

Quisiera conocer la jurisprudencia que estipule a partir de qué momento un conjunto en construcción puede cobrar las cuotas de administración porque según entiendo eso se puede hacer legalmente una vez que el constructor haya entregado el 51% de los apartamentos o casas a sus propietarios. Mi consulta se debe a que compré un apartamento el cual me fue ya entregado pero el conjunto solo ha sido entregado a sus propietarios en menos de un 25%.

Debo pagar esa admón?

Se tiene un administrador provisional que impuso la constructora pero no se ha hecho ninguna asamblea ni reunión para establecer dichos cobros.

 Para dar respuesta al interrogante antes planteado se hace necesario remitirse a la Ley 675 de 2001 la cual en su artículo 29 sostiene:

 “Los propietarios de los bienes privados de un edificio o conjunto estarán obligados a contribuir al pago de las expensas necesarias causadas por la administración y la prestación de servicios comunes esenciales para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes, de acuerdo con el reglamento de propiedad horizontal”

 La mencionada norma indica que el pago de las expensas comunes se debe efectuar siempre que se preste el servicio de administración y servicios comunes esenciales para la existencia, seguridad y conservación de los bienes comunes de la propiedad horizontal, esta prestación de servicios sin duda puede ser cobrada por el propietario inicial en su calidad de administrador provisional.

Imagen libro

 Aunado a lo anterior, es necesario decir, que si bien es cierto la determinación de las expensas comunes  se efectúa cuando la asamblea aprueba el presupuesto anual de la copropiedad, también lo es que, la ley 675 de 2001 guarda silencio respecto a la forma en la cual el administrador provisional debe determinar las expensas comunes, por lo tanto el propietario inicial debe contar con el respectivo presupuesto provisional de gastos, con el cual se logre establecer el correspondiente monto con el que deben contribuir al pago de expensas comunes necesarias los propietarios de los bienes privados.

 Por ende es errado creer que el cobro de expensas comunes solo se podrá efectuar luego de la entrega del propietario inicial de la administración a los propietarios bajo el presupuesto contenido en el artículo 52 de la ley 675 de 2001

 Administración provisional. Mientras el órgano competente no elija al administrador del edificio o conjunto, ejercerá como tal el propietario inicial, quien podrá contratar con un tercero tal gestión. No obstante lo indicado en este artículo, una vez se haya construido y enajenado un número de bienes privados que representen por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de los coeficientes de copropiedad, cesará la gestión del propietario inicial como administrador provisional. Cumplida la condición a que se ha hecho referencia, el propietario inicial deberá informarlo por escrito a todos los propietarios del edificio o conjunto, para que la asamblea se reúna y proceda a nombrar el administrador, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. De no hacerlo el propietario inicial nombrará al administrador definitivo.

logo moodlePor cuanto este artículo hace referencia al momento en el cual el administrador provisional (propietario inicial) esta obligado a hacer entrega de la administración a la asamblea general es decir cuando ya se ha enajenado el 51% de las unidades privadas de la copropiedad, más NO indica que es a partir de este momento que los propietarios de unidades privadas se encuentran obligados a pagar expensas comunes, esta obligacion surge en el momento en que se hace uso de servicios necesarios para el sostenimiento y mantenimiento de la copropiedad, sin importar el porcentaje de enajenación, que para el caso particular planteado por nuestro lector es menor al 25%, estos propietarios que deberán sufragar los gastos ocasionados por los servicios que la administración provisional provea (vigilancia, aseo, entre otros) debidamente justificados conforme al coeficiente de propiedad, conforme lo indica la ley 675 de 2001.

Finalmente es necesario decir que la Constructora en este caso no impuso el administrador provisional, es la Ley 675 de 2001 la que le faculta para tener la prerrogativa de nombrarlo en virtud del mencionado articulo 52 de la Ley que regula el régimen de propiedad horizontal en Colombia.

 Post. Basado en el concepto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial No. 1200-2-170309 del 12 de enero de 2011.

EL COEFICIENTE DE COPROPIEDAD O INDICE DE PARTICIPACIÓN

El coeficiente de copropiedad o índice de participación es el porcentaje que le corresponde a cada propietario de una unidad privada, en los bienes comunes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal.

El actual régimen de propiedad horizontal define los coeficientes de copropiedad como los índices que establecen la participación porcentual de cada uno de los propietarios de bienes de dominio particular en los bienes comunes del edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal; definen además su participación en la asamblea de propietarios y la proporción con que cada uno contribuirá en las expensas comunes de edifico o conjunto, sin perjuicio de las que se determine por módulos de contribución, en edificios o conjuntos de uso comercial o mixto.

La Corte Constitucional en sentencia C-782 de 2004 aclaró respecto  al pago de las expensas comunes, que el criterio adoptado por la ley 675 de 2001, no es el retributivo, según el cual los propietarios de las unidades reciben, ni el igualitario que conlleva a que todas la unidades privadas contribuyan en forma idéntica, sino el de coeficiente de propiedad o de proporcionalidad al área de cada inmueble exclusivo frente a la totalidad del área del edificio o conjunto. Este criterio, dijo la Corte, es válido, razonable, adecuado y en modo alguno contradice la Carta política.

OBLIGATORIEDAD Y CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES

Todo Reglamento de Propiedad Horizontal debe señalar los coeficientes de copropiedad de los bienes de dominio particular que integran el conjunto o edificio. Estos se calculan con base en el área privada construida de cada bien de domino particular, con respecto al área total privada del edificio o conjunto.

No debe confundirse el área privada construida con el área privada libre. Se denomina área privada construida la extensión de superficie cubierta de cada bien privado, excluyendo los bienes comunes de uso exclusivo, localizados dentro de sus linderos; en tanto que el área privada libre es la extensión superficiaria privada semi-descubierta o descubierta, de conformidad con las normas leales, también con exclusión de los bienes comunes localizados dentro de sus linderos.

Fuente:

CAMACHO, Alvaro. Administración de la propiedad horizontal. Octava edición. Editorial Legis. Bogotá Colombia.

¿CUAL ES EL PROPÓSITO DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DE LA REDACCIÓN DEL ACTA?

El articulo 47 de la ley 675 de 2001 en su inciso segundo afirma lo siguiente:

En los eventos en que la asamblea decida encargar personas para verificar la redacción del acta, estas deberán hacerlo dentro del término que establezca el reglamento, y en su defecto dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de la respectiva reunión.

De acuerdo con Monsalve (2017) estos comités verificadores con el tiempo se han convertido en dolores de cabeza para las copropiedades, puesto que este comité se adjudica competencias no dadas por el legislador, como lo son pretender cambiar el contenido o sentido de las decisiones tomadas en la asamblea, o plasmar apreciaciones personales en el acta, o abstenerse de firmar el informe de la respectiva comisión (con el propósito muchas veces de obstaculizar el nombramiento y trámites de la administración) (p. 296)

El concepto emitido por la comisión verificadora es un documento anexo al acta, y no hace parte integral del la misma, aunado a lo anterior, es necesario recalcar que quienes hacen parte de esta comisión NO firman el acta, no tienen esta potestad de acuerdo con la ley.

¿Qué hace entonces la comisión verificadora?

De acuerdo con la Ley 675 de 2001, esta comisión verifica la redacción del acta, su función es observar si lo dicho por el presidente y el secretario en el acta se ajusta a lo que se dijo en la asamblea. En caso de no estar de acuerdo deberá indicarlo, en su momento, situación que podrá ser tenida en cuenta en una posible impugnación de acta, ese es el papel de la comisión.

¿Quiénes firman entonces el acta?

El acta de asamblea es firmada por el presidente y secretario de la asamblea, las firmas requerías por ley para la validez del documento.

¿Cuánto tiempo dispone la comisión para verificar la redacción del acta?

 El artículo 47 indica que el tiempo para verificar el acta se encuentra en el reglamento de la copropiedad, en silencio de este será de veinte días hábiles siguientes a la reunión, termino máximo para ejecutar dicha tarea.

FUENTES

Monsalve, A. (2017) El régimen de la propiedad horizontal en Colombia. Bogotá- Colombia. Ed. Ibañez

 

LA PROPIEDAD HORIZONTAL TAMBIÉN TIENEN OBLIGACIONES EN TORNO A LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Con la expedición del Decreto 090 de 2018 se redujo el número de personas jurídicas que tiene la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Bases de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, eximiendo a la mayoría de las copropiedades de realizar este registro, no obstante, se hace necesario indicar que se deben cumplir con las obligaciones que se derivan de la ley 1581 de 2012 norma que se encuentra reglamentada en el Decreto 1377 de 27 de junio de 2013; así las cosas, la copropiedad deberá cumplir con las siguientes tareas que le permitan dar un adecuado manejo a la información de los copropietarios y residentes, con el propósito de garantizar derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma, para lo cual la administración de la copropiedad, deberá contar con los siguientes elementos:

  • El aviso de privacidad.
  • El procedimiento para obtener la autorización del titular previo al inicio del tratamiento.
  • Herramientas que garanticen condiciones de seguridad adecuadas para evitar la adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso fraudulento sobre la información.
  • Medidas tecnológicas para proteger los datos personales y sensibles.
  • Manual interno de políticas y procedimientos para cumplir con la Ley sobre protección de datos.
  • Elaborar las políticas del tratamiento de la información y suministrarlas al registro nacional de bases de datos, el cual está a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Así las cosas, si bien es cierto, ya no es obligación de las copropiedades realizar el registro de sus bases de datos, también lo es que no se puede perder de vista que las copropiedades tienen otras obligaciones derivadas de la protección de datos.

No pierda de vista

Las sanciones para los encargados y los responsables del tratamiento de datos personales que pueden ser la misma persona natural o jurídica de naturaleza privada, están en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, y van desde:

  • Multas de carácter personal o institucional hasta por 2.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.
  • Suspensión de las actividades relacionadas con el tratamiento hasta por seis meses.
  • Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento.
  • Cierre inmediato y definitivo de la operación que involucre el tratamiento de datos.

DIANA CAROLINA RUIZ MUÑOZ

FORO EL FUTURO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL

El 14 de agosto de 2017 se llevó a cabo en el salón Boyacá en el Congreso de la Republica foro organizado por la representante a la cámara Olga Lucia Velázquez como promotora del proyecto de ley 131 de 2016 que reforma la ley 675 de 2001, es de resaltar que este tipo de eventos son un paso que permite entre ver que el sector de la propiedad horizontal ya se encuentra en la mira del gobierno, no obstante como todo, en rio revuelto ganancia de pescador, fue posible ver uno tras otro de los ponentes del foro diversas posturas entre las cuales solo unas pocas iban orientadas a la búsqueda de soluciones a tantas necesidades y problemáticas que presenta la propiedad horizontal en la actualidad.

Para nadie es un secreto que de forma empírica y a través del ensayo y error es que los administradores, propietarios, residentes, comerciantes, y por qué no expertos asesores han aprendido a manejar este régimen especial de dominio, esfuerzo y lucha que en lugar de evidenciar un gremio sólido, aún se encuentra en construcción, una construcción difícil de ejecutar porque en el ambiente se siente aun como el interés particular de algunos pocos busca imponer a la propiedad horizontal una reglamentación que le permita lucrarse en medio de este océano azul, más no una verdadera solución a los conflictos que a diario se presentan dentro del manejo de las copropiedades.

Posturas tan diversas como la búsqueda de certificación de competencias laborales como solución a la idoneidad del administrador de propiedad horizontal (que es en la actualidad realizada no solo por el SENA sino también por entidades privadas que cobran por tal servicio entre 2 a 3 millones de pesos al administrador) o posturas que buscan evitar la profesionalización del administrador por cuanto es viable su formación a través de la educación continuada o informal con cursos o diplomados que por directrices del Ministerio de Educación no deben superar un límite de 160 horas, pareciera que con el fin de no lesionar sus lucrativos negocios perdieran de vista que uno de los flagelos de la copropiedad es la falta de conocimiento del régimen de algunos administradores de propiedad horizontal que ven este noble oficio una forma de hacerle el quite al desempleo sin importar su desconocimiento o el costo tan alto que en ocasiones genera la improvisación o el desconocimiento, sin duda alguna las posturas particulares con intereses personales, poco o nada aportan a nuestra comunidad.

La labor de administrador de la propiedad horizontal debe verse como una profesión y no como un oficio, no es una tarea sencilla sin embargo, se hace necesario que se procure la búsqueda de mejores condiciones para quienes han hecho de la administración de la propiedad horizontal no solo la forma de obtener su sustento sino también la carrera de su vida.

como Directora de un Centro de Educación sobre el régimen de propiedad horizontal que opera bajo la modalidad de educación informal, debo manifestar que no se le debe tener miedo al cambio, si la difícil tarea de administrar propiedad horizontal debe formalizarse y debe trasladarse el aprendizaje de este oficio a las entidades de educación superior como un paso relevante para la profesionalización de la actividad, bienvenido sea el cambio, es necesario que el administrador de propiedad horizontal se empodere de su papel como GERENTE DE COMUNIDAD, que se prepare, que no improvise y que además se exija a diario con el fin de realizar su papel como constructor de ciudad de la mejor manera posible.
Luego de esos pequeños baches se hace necesario resaltar muchas propuestas que deben ser decantadas y analizadas a profundidad ya que sin duda alguna enriquecen a la propiedad horizontal:

• La necesidad de revisar las tarifas de la Superintendencia de vigilancia de acuerdo a la estratificación de las copropiedades.
• La exigencia de la capacitación previa de los propietarios antes de entregar proyectos nuevos sobre lo que significa la propiedad horizontal, como una forma de mejorar la convivencia.
• La necesidad de crear un órgano de control de la propiedad horizontal, un órgano que tenga competencias reales para solucionar las controversias dentro de la propiedad horizontal, enmarcado dentro de una Superintendencia de Propiedad horizontal.
• La reglamentación del régimen de la propiedad horizontal por parte del Ejecutivo.
• El Ofrecimiento de Confecamaras para llevar el registro único de propiedad horizontal a través de las cámaras de comercio.
• La necesidad imperativa de capacitar no solo al administrador sino también a los consejeros y miembros de comités de convivencia con el objeto de mejorar la sinergia en la administración de la copropiedad.
• Un control mayor a las constructoras con el objeto de evitar que empresas inescrupulosas jueguen con el patrimonio de los colombianos.

En definitiva fue un espacio enriquecedor, es interesante ver como estos espacios construyen nuestro gremio, la conclusión final, tenemos mucho por hacer, nuestro gremio debe trabajar a diario por mejorar, crecer y sin duda alguna profesionalizarse.

DIANA CAROLINA RUIZ MUÑOZ
Directora CORPORACION P.H.

LA PROPIEDAD HORIZONTAL NO CONTRIBUYENTE DE IMPUESTOS NACIONALES

El aspecto tributario y el tratamiento preferencial que la ley 675 de 2001 otorga a la propiedad horizontal, ha sido ampliamente debatido no solo en la doctrina sino también por las entidades estatales como la DIAN.

Según el articulo 33 de la ley 675 de 2001, el cual indica lo siguiente:

CURSOS BASICOSArtículo 33. Naturaleza y características. La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro. Su denominación corresponderá a la del edificio o conjunto y su domicilio será el municipio o distrito donde este se localiza y tendrá la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como del impuesto de industria y comercio, en relación con las actividades propias de su objeto social, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986.

  Parágrafo. La destinación de algunos bienes que produzcan renta para sufragar expensas comunes, no desvirtúa la calidad de persona jurídica sin ánimo de lucro.

Para la Corte Constitucional el articulo mencionado indica los siguientes elementos importantes:

(i) La persona jurídica que se origina en la constitución de una propiedad horizontal puede tener la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como del impuesto de industria y comercio, estándole permitido, incluso, destinar algunos bienes a la producción de renta, pero sólo para sufragar expensas comunes, por así disponerlo el parágrafo del artículo 33 de la Ley 675 de 2001.

(ii) Esta calidad de no contribuyente sólo se predica en relación con las actividadesCURSOS AVANZADOS propias de su objeto social. Así lo dice expresamente el artículo 33 de la ley 675 de 2001. De realizar actividades ajenas a su objeto social, la persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal pierde su calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, y del impuesto de industria y comercio. Esto es cierto, aún si no se ha surtido el proceso de desafectación regulado en los artículos 20 y 21 de la Ley 675 de 2001.

(iii) De surtirse un proceso de desafectación, los actos o negocios jurídicos que recaigan

Aunado a lo anterior, es necesario indicar que el artículo 186 de la Ley 1607 de 2012  indica que las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinan algún o algunos de sus bienes, o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta, perderán la calidad de no contribuyentes de los impuestos nacionales otorgada mediante el artículo 33 de la Ley 675 de 2001, de esta situación se excluyen las propiedades horizontales de uso residencial. sobre los bienes privados que surjan del mismo, se someten al régimen tributario general, nacional o territorial, y por mandato expreso de la ley, serán objeto de todos los beneficios, cargas e impuestos inherentes a la propiedad inmobiliaria.

Como conclusión es importante que el Administrador y el Consejo de administración tenga presente que la calidad de no contribuyente otorgada por la ley 675 de 2001, no es absoluta, y que esta calidad puede perderse cuando la copropiedad ejecuta labores que no son propias de su objeto social, ante esta situación la copropiedad deberá en aras de la igualdad cumplir con las obligaciones propias de las actividades realizadas, las cuales se reitera se alejan del cumplimiento de su objeto social.

¿SE DEBE PAGAR CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN AL CONSTRUCTOR?

Certificado 120 horas $219.700

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En principio se hace necesario precisar que el cobro de las cuotas de administración tiene como objetivo cubrirlos gastos propios de la administración (definitiva o provisional) y prestación de servicios comunes (vigilancia, aseo, energía, acueducto, entre otros) siendo una obligación de índole legal que los propietarios de los bienes privados contribuir a dicho pago.

Aunado a lo anterior, es necesario decir que la administración provisional del edificio o conjunto es una facultad que otorga el régimen de propiedad horizontal al propietario inicial (constructor), hasta tanto se nombre al administrador definitivo o se haya terminado la construcción y enajenación de bienes privados que representen por lo menos el 51% del coeficiente de copropiedad.

En virtud de lo anterior,  el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial indica que es dable al propietario inicial (constructor) realizar el cobro de cuotas de la administración tenientes a sufragar los gastos de administración provisional y prestación de servicios comunes proporcionados a los propietarios de unidades privadas.

Luego de realiza la entrega de la administración provisional a la administración definitiva y la constructora aún conserva como propietaria unidades privadas, deberá pagar la cuota de administración de sus unidades privadas, salvo que, en el reglamento de propiedad horizontal exista una cláusula que suelen colocar los constructores en los cuáles exime de pagar expensas comunes al propietario inicial.

Sí este es el caso en el cual usted se encuentra una solución viable ante este hecho es citar a asamblea general y con un porcentaje del 70% de coeficiente de propiedad aprobar que se elimine esta cláusula estatutaria del reglamento.

LA FIGURA DE DELEGADO EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LOS REQUISITOS DEL PODER QUE LO FACULTA

Se acercan las asambleas generales de copropietarios,  es por esta razón que no esta de más tratar en nuestro portal web aspectos de vital importancia para una correcta ejecución de la asamblea de copropietarios, evitando que errores minúsculos puedan generar impugnaciones de actas acarreando costos innecesarios a las copropiedades.
Así las cosas, el tema que trataremos en el siguiente post busca establecer los aspectos generales del delegado del propietario ante la asamblea y el consejo de administración y los requisitos para que su elección se encuentre conforme a la Ley vigente.
La ley 675 de 2001 establece en el artículo 53 sostiene lo siguiente:
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ARTICULO 53º Obligatoriedad. Los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto, integrados por más de treinta (30) bienes privados excluyendo parqueaderos o depósitos, tendrán un consejo de administración, integrado por un número impar de tres (3) o más propietarios de las unidades privadas respectivas, o sus delegados. En aquellos que tengan un número igual o inferior a treinta (30) bienes privados, excluyendo parqueaderos y depósitos, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal. Para edificios o conjuntos de uso residencial, integrados por más de treinta (30) bienes privados excluyendo parqueaderos o depósitos, será potestativo consagrar tal organismo en los reglamentos de propiedad horizontal.

Al respecto vale la pena analizar el artículo en mención,  en especial los partes que se encuentran subrayados:
a.      Propietarios: en Colombia la prueba de la titularidad del bien raíz es sin duda el certificado de tradición y libertad, documento que resume la historia del bien en el mundo jurídico.
b.      Delegado: Legalmente no se encuentra definida esta figura por el Régimen de Propiedad Horizontal, así las cosas lo más prudente es remitirse al sentido natural de la palabra por tanto delegado se entiende como:
La persona comisionada por otra para actuar en su nombre, y a su vez delegar significa autorizar una persona a otra para que obre en representación suya en algún asunto, así las cosas se puede concluir que el delegado actúa en calidad de representante de quien lo faculta.
Aunado a lo anterior, es necesario mencionar, que la Ley 675 de 2001 no establece formalismos que se deban cumplir para ostentar la condición de delegado de los propietarios de unidades privadas para ser miembros de los órganos de dirección de la propiedad horizontal, y en razón a que no se hace remisión a ninguna otra norma, se considera que dicha autorización puede realizarse mediante documento simple suscrito por el respectivo propietario.
En vista que el artículo 53 es de obligatorio cumplimiento el reglamento no puede ir en contra de lo establecido en la ley, por ende, es viable concluir que la delegación que haga un propietario para  que su representante y/o autorizado sea parte del consejo de administración, debe encontrarse de manera clara y expresa en el documento que se haya utilizado para hacerlo saber a los demás copropietarios que hacen parte de la asamblea general.
Es importante informar al lector que uno es el poder que se le da a otro para representar los intereses del propietario en la asamblea y sin duda alguna, otro el que le permite ser delegado del propietario en el consejo de administración, esta situación debe manifestarse de manera expresa en el poder otorgado, de lo contrario no podrá tenerse en cuenta a la hora en la cual la Asamblea General realice la elección del consejo de administración.
Basado en: Concepto Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, del 8 de febrero de 2011